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La Federación Rural (FR) ha emitido una enérgica denuncia, señalando que la gestión inadecuada en la determinación del precio del gasoil, un insumo fundamental para los sistemas productivos, generó un sobrecosto estimado en US$ 100 millones durante el ejercicio anual de 2025. Esta situación, según la gremial, representa un perjuicio significativo para el sector agropecuario.
Adicionalmente, la Federación Rural identificó otra carga financiera para el sector: el aporte obligatorio al Fideicomiso para la Movilidad Sostenible. Este contribución, que ascendió a más de US$ 80 millones también en 2025, es considerada una distorsión que debe ser corregida.
La entidad ruralista advierte sobre «el apartamiento sistemático del precio del gasoil respecto a su referencia técnica», una brecha que, a su juicio, menoscaba la transparencia del sistema, provoca distorsiones en la economía y afecta directamente la competitividad del país.
Para sustentar su reclamo, la FR informó en un comunicado que, en los últimos 12 meses, el Precio de Paridad de Importación (PPI), calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), experimentó una caída cercana al 19%. Sin embargo, el precio del gasoil al público apenas se redujo un 4%, y al medirlo en dólares, incluso mostró un incremento de aproximadamente el 5%, una disparidad que explica el cuantioso sobrecosto.
A este escenario se suma el ya mencionado aporte al Fideicomiso para la Movilidad Sostenible, que representa $3 por litro de gasoil. La Federación Rural considera que estos US$ 80 millones adicionales son financiados directamente por los sectores productivos. Por ello, la gremial plantea la imperiosa necesidad de revisar el mecanismo de financiación de este fideicomiso y avanzar hacia la eliminación de lo que considera un subsidio encubierto.
En el documento remitido, la FR es enfática al expresar que «el precio de los combustibles debe reflejar de forma estricta la evolución del PPI elaborado por la URSEA». La organización, presidida por Rafael Normey, subraya que «el sector productivo ya no está en condiciones de continuar financiando subsidios a otros sectores de la economía a través del precio del gasoil».
En consecuencia, la Federación Rural exige un retorno a un esquema de fijación de precios que se base en criterios técnicos, sea plenamente transparente y se alinee rigurosamente con el Precio de Paridad de Importación (PPI), argumentando que el costo de los combustibles es un factor decisivo para la competitividad de toda la cadena productiva, desde el campo hasta la exportación, e incide directamente en la competitividad del país en su conjunto.
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