El actual intendente de Cerro Largo, Cristian Morel, ha hecho público su plan de presentar cargos ante el Poder Judicial contra la administración precedente, liderada por su correligionario nacionalista José Yurramendi. Esta decisión surge tras la culminación de una auditoría interna que reveló múltiples anomalías. Las conclusiones de esta exhaustiva revisión derivarán en una serie de investigaciones administrativas dentro de diversas dependencias municipales, previendo la posibilidad de escalar el caso a instancias judiciales.
Según declaraciones de Morel a Subrayado, «estamos presentando los resultados de una auditoría e iniciando pesquisas administrativas; creemos que existen pruebas iniciales suficientes para llevar el caso a la Justicia». El jerarca enfatizó la independencia de su acción, afirmando que «para mí es crucial haberlo hecho y dejar claro que no existió presión alguna por parte de mi partido».
Al ser cuestionado sobre las anomalías detectadas en la gestión de Yurramendi, el intendente Morel aludió a un «desorden» generalizado y a «prácticas incorrectas». Específicamente, mencionó que un 87% de las adquisiciones carecían de un proceso de compra formal. Además, el 90% de estas compras se concentraban en apenas 20 proveedores, contrastando con la política actual de la Intendencia, que opera con casi 200. También se identificaron procesos licitatorios sin la intervención de un tribunal resolutivo y adquisiciones que excedían los límites permitidos para compras directas, debiendo haber sido canalizadas mediante licitaciones públicas. A esto se suma la ausencia de documentación para varias licitaciones. El informe también revela que, tras la asunción el 10 de julio, se constató que fondos recibidos por la Intendencia para partidas específicas no fueron utilizados con su propósito original. Por último, se descubrió que se realizaban retenciones a los funcionarios por diversos conceptos, pero estos montos no eran transferidos a las instituciones financieras correspondientes.
Morel concluyó que todo lo expuesto «ha sido verificado por la auditoría, ahora corresponderá a la Justicia pronunciarse».
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