La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados ha citado a las máximas autoridades del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El objetivo es que las instituciones «brinden explicaciones» sobre el asesinato del joven Jonathan Correa, según declaraciones del diputado colorado Felipe Schipani.

Jonathan fue asesinado por su propio padre en la madrugada del viernes 6 de marzo. Su cuerpo fue encontrado en una cuneta, frente a su domicilio, con múltiples golpes y heridas.

Este trágico suceso se enmarca en un historial de denuncias previas por malos tratos y violencia física. Las autoridades de la UTU a la que asistía Jonathan habían presentado una denuncia en setiembre del año anterior. Asimismo, se registraban reportes similares desde la etapa de Primaria del adolescente.

A raíz de los hechos, el Ministerio del Interior ha iniciado una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de los efectivos policiales que gestionaron las denuncias anteriores. Paralelamente, el Poder Judicial también abrió una investigación y solicitó informes detallados a los juzgados que tramitaron dichas acusaciones en su momento.

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