Montevideo, 24 de marzo de 2026, 10:53hs – La titular de la cartera de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha expresado su profunda preocupación por el considerable número de fallecimientos a causa de siniestros de tránsito en el país. La ministra enfatizó la urgencia de optimizar la celeridad en la respuesta de los servicios de emergencia móviles, haciendo especial hincapié en las regiones más distantes de los núcleos urbanos.
En una conferencia de prensa ofrecida este martes, Lustemberg señaló que Uruguay enfrenta el reto de perfeccionar la atención «tiempo-dependiente». Para ello, el ministerio está robusteciendo la coordinación del sistema de emergencias móviles mediante el Same 105 de ASSE, con el fin de asegurar una asistencia apropiada. La jerarca ilustró la situación con estadísticas comparativas: mientras que en naciones como España y Portugal el porcentaje de fallecidos en el lugar del siniestro ronda el 10%, y en Brasil o Argentina alcanza cerca del 30%, en Uruguay este promedio se eleva al 66%. Atribuyó esta marcada diferencia a la falta de una respuesta «tiempo-dependiente» efectiva.
Al ser interpelada sobre la eficacia de la respuesta de las asistencias médicas en el sitio de los incidentes, especialmente en áreas rurales o en rutas nacionales, la ministra reconoció que «frecuentemente se observan demoras». Añadió que, incluso cuando la atención llega, «en ocasiones no se realiza una derivación apropiada a un centro de trauma y emergencia». En respuesta a esta problemática, indicó que se está colaborando activamente con la Fuerza Aérea.
«Se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de todo el esquema de atención, abarcando tanto los medios terrestres como aéreos, con el propósito de que el país logre progresivamente una asistencia adecuada en estos casos», afirmó Lustemberg. Concluyó su intervención destacando que, ante un siniestro, «es inaceptable que la atención sea tardía o deficiente en su calidad».
En otro orden de temas, la ministra Lustemberg anticipó que su equipo está desarrollando una nueva regulación dirigida a las instituciones mutualistas y a las compañías de seguros privadas. El objetivo principal es «potenciar la transparencia» en su gestión y prevenir posibles dificultades de índole económica o financiera.
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