El 28 de marzo de 2026, el astillero Cardama formalizó su descargo ante el Estado uruguayo, tras la rescisión contractual por parte del gobierno de Yamandú Orsi. En el documento, entregado el 13 de marzo, la compañía española tildó las acciones estatales de «incongruencia» y «una improvisación prepotente», calificando la anulación del contrato como «ilegítima».

El escrito denuncia un «proceder abusivo y malintencionado» por parte del Estado uruguayo, señalando una falta de interés en «escuchar razones de tipo alguno». Además, la empresa sostiene que la búsqueda de resarcimiento por incumplimiento contractual por parte del Estado es el resultado de una conducta «errática, confusa e incorrecta», y de «actitudes tozudas» con «desprecio por la legalidad».

En el centro de su reclamo, Cardama insta a Uruguay a gestionar la pronta retirada de las partes ya construidas de las patrulleras oceánicas de sus instalaciones, afirmando que estas «ocupan buena parte» de su astillero.

Esta situación provocó la reacción del diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. En su cuenta de X, Sotelo expresó su preocupación: «¿Donde están los soldaditos del (prosecretario) Jorge Díaz cuando los necesitamos? Probablemente se nos venga: 1) arbitraje internacional, 2) indemnización a la empresa, 3) patrulleras que van a costar el doble, 4) el frente marítimo a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo. Pensaron en todo, menos en los intereses del país».

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