La Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) ha manifestado su profunda preocupación respecto al proyecto de la Represa de Casupá, impulsado por el gobierno para abastecer de agua potable al área metropolitana. La entidad subraya que, hasta el momento, «no se cumplen las garantías técnicas, sociales y ambientales necesarias para emprender una obra de esta magnitud».
Según declaraciones de AUGAP, presidida por Carlos María Uriarte, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, la inquietud no se limita a los aspectos legales, sino que abarca principalmente las repercusiones humanas, productivas y ecológicas del emprendimiento. Si bien reconocen la obligación estatal de asegurar un recurso básico como el agua, enfatizan que esta debe cumplirse «considerando responsablemente a los afectados, al entorno y respetando la normativa legal vigente».
En un comunicado enviado el jueves 23 de julio, AUGAP lamenta que el diálogo sobre alternativas para el suministro de agua haya derivado en una «excesiva polarización política», lo que dificulta un análisis sereno y fundamentado en evidencia técnica. Por ello, instan a una «apertura nacional» para evaluar todas las opciones viables, buscando aquella que genere el menor impacto negativo y preserve los recursos naturales del país. La preocupación de los productores se extiende también al proyecto Arazatí, que aún está en fase de estudio.
El colectivo de ganaderos advierte que la construcción de la represa en Casupá modificaría drásticamente la estructura productiva de la región, alterando un equilibrio forjado durante décadas de trabajo, arraigo y responsabilidad. El debate sobre Casupá, señalan, no debería centrarse únicamente en la necesidad de infraestructura, sino que debe «interpelarnos sobre el costo ambiental, social y ético de las decisiones que adoptamos».
Detallan que la ejecución de la obra conllevaría la inundación de cerca de 3.000 hectáreas de campo natural y la destrucción de 430 hectáreas de monte nativo en las Serranías del Este. Argumentan que estos «ecosistemas tardaron siglos en formarse, con interacciones entre flora, fauna, suelos y cursos de agua que no pueden trasladarse como si fueran piezas de un rompecabezas».
AUGAP destaca la importancia de un análisis ambiental riguroso para proyectos de esta índole, ya que Uruguay ha cimentado su prestigio internacional en la conservación de sus recursos, en especial el monte nativo. Además, se verían afectadas más de 80 familias rurales, muchas de ellas con cuatro, cinco o incluso seis generaciones vinculadas a estas tierras, sosteniendo la producción, el tejido social y la vida comunitaria. «Detrás de cada predio a inundar existen historias, familias, modos de vida, lazos con el territorio y una identidad construida a lo largo de generaciones», remarcan.
Los ganaderos resaltan que este territorio posee una rica «historia rural ligada al ideario artiguista», donde la tierra no es meramente un bien económico, sino un componente esencial de la identidad nacional.
Finalmente, AUGAP confía en que las autoridades considerarán todos estos aspectos con la profundidad y equidad necesarias. La asociación reafirma su compromiso de acompañar a las familias ganaderas afectadas, defendiendo el trabajo, una producción respetuosa con el ambiente, el arraigo rural y el desarrollo sostenible del país.
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