Con el objetivo primordial de prevenir incendios, el país ha implementado una prohibición estricta sobre la realización de fuegos y quemas al aire libre, efectiva desde el 1° de noviembre hasta el 30 de abril del próximo año. Esta medida, recordada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), busca mitigar riesgos durante los meses de mayor vulnerabilidad.
Fundamentada en el Decreto Nº 245/2025, esta normativa se activa anualmente en el periodo comprendido entre el fin de la primavera y el comienzo del otoño. El Ministerio ha enfatizado que la vasta mayoría de los incendios forestales y de campo son resultado de actividades humanas, lo que subraya la necesidad crítica de extremar precauciones y fomentar comportamientos responsables. La disposición, que permite al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) prolongar su vigencia si las condiciones de riesgo lo justifican, también insta a la población a reportar cualquier avistamiento de humo o fuego de inmediato al 911.
El decreto va más allá de la simple quema, estableciendo varias directrices para minimizar riesgos. Se prohíbe explícitamente el uso de pirotecnia en áreas con vegetación combustible, así como arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos, y abandonar botellas de vidrio o plástico al aire libre. Asimismo, se exige precaución extrema al operar herramientas que puedan generar chispas, demandando la presencia de una fuente de agua cercana. La quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuo —ya sean restos vegetales de limpieza o basura doméstica— también está vedada, debiendo coordinarse su gestión con las autoridades municipales pertinentes.
No obstante la prohibición general, existen excepciones específicas para la realización de fuegos. Se permite encender fuego para la cocción de alimentos en churrasqueras y parrilleros debidamente acondicionados. También están autorizados en campings organizados, colonias de vacaciones y clubes, siempre que se realicen en zonas designadas y habilitadas. En propiedades privadas, los fogones a nivel del suelo son admitidos bajo condiciones rigurosas: deben ubicarse en un área circular de al menos cinco metros de diámetro, libre de malezas, hojarasca y cualquier material inflamable, y contar con un borde protector de piedras, arena o tierra. Es imperativo que, en todas estas situaciones, el fuego permanezca bajo vigilancia constante y se disponga de los medios adecuados para su extinción antes de abandonar el sitio.
Ante cualquier indicio de incendio, ya sea forestal o de campo, la primera acción crucial es contactar de inmediato al 911. Se aconseja también alertar a los vecinos y colaborar en la remoción de materiales combustibles cercanos para contener la propagación del fuego. En caso de que un incendio se origine dentro de una vivienda, además de llamar a emergencias, es fundamental cortar los suministros de electricidad y gas antes de proceder a evacuar con calma, utilizando las escaleras.
El desacato a esta normativa conlleva severas consecuencias, cuya magnitud dependerá de la naturaleza y gravedad de la infracción. Las sanciones incluyen desde apercibimientos administrativos y multas económicas que pueden ascender hasta las 5.000 Unidades Reajustables (UR) —equivalentes a casi $10 millones, según el valor actual—, hasta penas de prisión que van desde los 12 meses hasta los 16 años en casos de configuración del delito de incendio. Adicionalmente, se podrá imponer la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados, así como el decomiso de bienes como productos, vehículos o herramientas relacionados con la contravención.
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