El sector arrocero de Uruguay atraviesa un periodo desafiante, marcado por la dualidad de elevados costos de producción y la persistencia de bajos precios en el mercado. En este contexto, los productores gestionan activamente apoyo financiero para afrontar la situación. La fecha de referencia es el 6 de julio de 2026, y el análisis proviene de Blasina y Asociados.
La zafra más reciente ha evidenciado una disminución de casi el 10% en la superficie cultivada de arroz. Este descenso no es exclusivo de Uruguay; a nivel global, los bajos precios han provocado una retracción en la siembra en diversos continentes. Particularmente relevante es la situación en Estados Unidos, actor clave en el segmento de grano largo, donde la siembra de 2026 se redujo un 28% respecto al año anterior, marcando la menor área desde 1972. En Arkansas, el principal estado productor estadounidense, la caída fue del 34%, pasando de 520 mil a 340 mil hectáreas, lo que llevó a Riceland Foods, una importante cooperativa, a cerrar parte de sus secadoras. Esto subraya que, incluso para los productores más avanzados tecnológicamente, el cultivo de arroz no resulta rentable a los precios actuales. Otros países también registran caídas significativas: Australia disminuyó su área un 20% (por escasez de agua y precios), y Argentina un 12%, con alertas de abandono de cultivo por parte de uno de cada cuatro productores en Entre Ríos. Uruguay no es ajeno a esta tendencia, con 165.554 hectáreas cultivadas en la zafra 2025/26, un 9,5% menos que el ciclo anterior. A pesar de la caída global, Uruguay aspira a que su reducción sea menos pronunciada, apoyándose en su alta productividad y en la creciente certificación de sostenibilidad de su arroz. Mientras otros exportadores globales reducen sus áreas entre un 12% y un 28%, Uruguay lo hace a menos de la mitad de esa velocidad. El mercado global se encuentra deprimido, con existencias récord de 187 millones de toneladas (principalmente en India y China) y precios de referencia (como el arroz tailandés o el índice de la FAO) en sus mínimos desde 2017.
No obstante, existe una perspectiva de mejora. El fenómeno climático de El Niño, en desarrollo, amenaza los cultivos asiáticos. Esta situación, sumada a la reducción global del área sembrada, podría generar un repunte en los precios que favorecería a aquellos que logren mantener su producción. Aunque los precios internacionales muestran una recuperación incipiente (con Brasil como ejemplo), el camino de la sostenibilidad se presenta como un factor crucial para la fluidez comercial, especialmente en mercados de alto poder adquisitivo. Un hito relevante es el acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea (UE), que entró en vigor provisionalmente el 1° de mayo de 2026. Este pacto establece una cuota de 60.000 toneladas de arroz libres de arancel en cinco años. En su primer año parcial, la cuota fue de 6.667 toneladas y Uruguay capturó el 63% de la misma, destacándose por ser el único socio del Mercosur en cumplir plenamente los requisitos sanitarios de la UE. La eliminación de aranceles, que oscilan entre el 40% y 45%, representa un beneficio sustancial para las exportaciones uruguayas a un mercado de 450 millones de consumidores, abriendo un notable potencial de expansión.
Simultáneamente, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) impulsa la certificación bajo el estándar de la Sustainable Rice Platform (SRP), la principal norma voluntaria de sostenibilidad para el arroz a nivel mundial. Tras capacitaciones regionales, molinos como COOPAR, Casarone y SAMAN ya están en proceso o han obtenido esta certificación. Actualmente, unas 30.000 hectáreas de arroz en Uruguay (una de cada seis del total nacional) están certificadas bajo SRP. Si bien aún no se traduce en un premio directo en el precio, Daniel Gonnet, representante de la Gremial de Molinos Arroceros, enfatizó que la certificación se está convirtiendo en un requisito de entrada y una herramienta de diferenciación en mercados de alto valor. El estándar SRP abarca 41 requisitos de manejo y 12 indicadores de desempeño, incluyendo rentabilidad, calidad del agua, uso de nutrientes, emisiones y aspectos sociales. Uruguay se beneficia de su eficiencia ambiental, como el bajo uso de nitrógeno por tonelada producida, lo que se alinea con este estándar. Esta sistematización de prácticas eleva la trazabilidad y la verificación por terceros, ofreciendo una oferta exportable estable y responsable, en un momento donde otros competidores del Mercosur reducen su producción y el mundo demanda cada vez más pruebas de sostenibilidad. Esta combinación de acceso arancel cero a un mercado vasto, cumplimiento sanitario superior al de sus socios del Mercosur y un estándar de sostenibilidad avanzado con respaldo científico del INIA, posiciona a Uruguay como un proveedor resiliente y de alta calidad cuando la demanda global de arroz se recupere. Además, atrae a inversores internacionales, como el gigante australiano Sun Rice, que busca establecer operaciones donde la gestión del agua es prioritaria, un recurso cada vez más escaso en su país de origen. Esta sinergia entre cuidado ambiental y competitividad demuestra ser fundamental tanto en tiempos favorables como adversos.
Los productores enfrentan una ardua batalla. En la asamblea de la ACA del 26 de junio, se destacó que la viabilidad del sector se ve comprometida por la volatilidad internacional y la falta de competitividad interna. Con costos de US$ 2.100 por hectárea, el punto de equilibrio se vuelve inalcanzable con los precios actuales. El valor de exportación sufrió una caída interanual de más del 40%, pasando de US$ 700 a US$ 450 por tonelada. Esto se reflejó en un precio provisorio al productor de US$ 9,10 por bolsa (US$ 182/ton), el más bajo en siete años y un 13% inferior al de la zafra anterior, lo que plantea un desafío considerable para la próxima siembra. Como parte de sus estrategias de resistencia, los productores han gestionado activamente las exportaciones. El precio provisorio se acordó con solo el 34% de la cosecha ya comercializada, un porcentaje menor al habitual, dejando un 65% por vender con la expectativa de que los precios, que tocaron fondo en febrero y marzo, mejoren en el segundo semestre, según Guillermo O’Brien, presidente de la ACA. Diego Nicola, presidente de la Gremial de Molinos Arroceros, señaló que el mercado ha mostrado signos de fortalecimiento, lo que ha llevado a evitar la venta precipitada y a rechazar algunos negocios de arroz con cáscara al inicio de la zafra, apostando a una recuperación. La composición de las ventas también ha variado, con un aumento del arroz procesado. Los precios del arroz procesado uruguayo repuntaron un 13% entre marzo y junio (de US$ 445 a US$ 502/ton). El arroz vietnamita subió un 17% y el tailandés un 25% desde marzo, aunque la referencia estadounidense se mantiene en US$ 550/ton. Nicola identificó varias «señales alcistas» para el segundo semestre, como la menor producción en EE. UU., Centroamérica y Mercosur, además de los efectos de El Niño en Asia (menores lluvias y retrasos en siembras). O’Brien destacó que los años con El Niño suelen ser «saludables» para los precios, aunque conllevan riesgos productivos. Factores geopolíticos, como el conflicto bélico y la situación en el Estrecho de Ormuz, también impactan la logística y los mercados de Medio Oriente. Los principales mercados (México, UE, Brasil) se mantienen, y se suma Turquía con más de 20 mil toneladas de arroz cargo, además de proyectarse envíos a Panamá, Costa Rica y Venezuela.
Un punto de fricción es el debate sobre el costo industrial. Durante la asamblea donde se estableció el precio provisorio, la ACA consideró «inaceptable» el incremento del 11% al 12% en la estimación de costos industriales presentada por los molinos asociados al precio convenio. Los industriales justifican este aumento por la subida de componentes clave como fletes, energía, combustibles, mano de obra, el tipo de cambio desfavorable, tarifas portuarias y las distorsiones logísticas. El comunicado de la ACA expresó su preocupación sobre el interés de la Gremial de Molinos en mantener el sistema de precio convenio, lo que generó sorpresa entre los molinos, quienes afirmaron que el tema no había sido discutido previamente en los foros de la cadena. O’Brien, en declaraciones radiales, abogó por una «economía de guerra» para reducir costos, sugiriendo que la industria podría necesitar «medidas drásticas y extraordinarias» como despidos o cierres de plantas. Por su parte, Nicola aseguró que las industrias analizan continuamente la reducción de costos y la mejora de la gestión.
Paralelamente, los arroceros están impulsando una herramienta financiera que prevé un préstamo puente de unos US$ 80 millones, con créditos de hasta US$ 500 por hectárea, a devolver en 7 a 10 años, además de un fondo solidario. Se espera que los fondos estén disponibles para la siembra de primavera, permitiendo a productores e industria reorganizar sus finanzas y mitigar la reducción del área cultivada que podría aumentar los costos fijos. El Banco de la República (BROU) también ha anunciado medidas de apoyo, incluyendo la reestructuración de deudas.
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