El Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) se prepara para la suscripción de un acuerdo con la Intendencia de San José, una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores. Esta acción se enmarca en un contexto de profunda preocupación, ya que, según reveló Aramir Silva, presidente del CVU, a este medio, un 70% del sector vitivinícola nacional atraviesa un momento «extremadamente difícil, con su porvenir en riesgo», imposibilitado de realizar las inversiones consideradas esenciales.
Tras finalizar la reciente vendimia en Uruguay, Silva enfatizó que «actualmente, la situación para el viticultor de pequeña y mediana escala, así como para aquellos que apostaron por la vitivinicultura para asegurar su subsistencia, enfrentan un panorama desolador y graves dificultades».
Con este escenario de fondo, la intendenta de San José, Ana María Bentaberri, visitará este miércoles la sede del CVU en Las Piedras. Allí, se procederá a la firma de un acuerdo con la asociación de productores, cuyo propósito central es brindar a sus miembros el acceso a la asesoría del enólogo Francisco Zunino.
La labor de Zunino se enfocará primordialmente en dos aspectos clave: por un lado, facilitar la coordinación con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) y, por otro, impulsar el desarrollo de un complejo industrial en Uruguay dedicado a la producción de mosto de uva. Este proyecto buscaría utilizar la uva de los miembros del CVU como materia prima, abordando así las recurrentes dificultades que enfrentan para vender su cosecha a precios justos.
Silva expresó que Zunino «es un profesional altamente capacitado, con profundo conocimiento del Inavi y una gran comprensión del sector. Su trayectoria incluye la captación de numerosos inversores para el país, y deseamos capitalizar el apoyo de la intendencia para concretar iniciativas que impidan la desaparición de más productores y mejoren la calidad de vida de quienes persistimos en esta actividad».
Silva también identificó el plan de reconversión de viñedos como un desafío fundamental que requiere ser abordado «de manera más eficiente y colaborativa». Aunque reconoció la «necesidad lógica» de esta reconversión, subrayó que «es igualmente lógico que se implemente de forma que ningún productor quede excluido, prestando especial atención a los pequeños y medianos».
Detalló que, si bien los productores obtendrán aproximadamente US$ 3.000 para el arranque y US$ 5.000 para la implantación de nuevas vides, esta suma «resulta insuficiente». La creación de un nuevo viñedo exige una inversión cercana a los US$ 20.000, un costo que solo los grandes productores, con mayor capacidad financiera, podrán afrontar. Los pequeños y medianos, sin embargo, «no podremos cubrir esa diferencia, ya que apenas conseguimos mantenernos al día a día».
En relación con este punto, Silva agregó que «el precio de la uva Merlot, por ejemplo, se mantuvo en $ 22 por kilo, idéntico al del año anterior». Esta situación «es soportada por el productor a base de ingenio, sin considerar un salario digno. La verdad es que, para quienes dependen exclusivamente de la uva, la realidad y el futuro son muy complejos, y la inversión con capital propio es ahora completamente inviable».
Afirmó que «quienes disponen de ingresos adicionales o diversifican sus actividades pueden sobrellevar mejor la situación, pero lo ideal sería que el viticultor lograra una calidad de vida digna para sí mismo y su familia, dedicándose únicamente a la producción de uva».
Finalmente, Silva manifestó que «mantenemos la esperanza de que el ámbito político, en su conjunto, muestre un mayor interés por el sector y brinde apoyo al productor, quien es, en última instancia, el actor principal de la vitivinicultura uruguaya y no debería enfrentar problemas por su tamaño». Tras el evento de este miércoles, se prevé organizar una serie de encuentros con legisladores y otros representantes de los gobiernos nacional y departamentales para exponer directamente la compleja situación descrita.
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