El Poder Ejecutivo ha formalizado ante el Parlamento la presentación de su proyecto de ley para la competitividad y la disminución del costo de vida, una propuesta ambiciosa orientada a revitalizar la economía del país, suprimiendo obstáculos administrativos y estimulando la inversión. La legislación consta de 240 artículos, fruto de un proceso de consenso social y técnico, y fue ingresada este 19 de junio de 2026 a las 15:38hs.
Entre las innovaciones que incorpora, destacan la consolidación de registros, la aplicación del silencio positivo para establecer límites de tiempo en las respuestas gubernamentales, y la completa digitalización de los procesos mercantiles. Adicionalmente, se prorroga la validez de los permisos sanitarios a una década y se agilizan las exigencias de traducción, con el propósito de que la administración pública responda con mayor prontitud a las demandas empresariales y ciudadanas.
La propuesta legislativa se concentra particularmente en mitigar la carga económica para los ciudadanos y en robustecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Una de las disposiciones más relevantes para el beneficio directo de la población es la obligatoriedad de mostrar el precio por unidad de medida. Igualmente, la normativa impulsa la libre competencia al simplificar la importación de múltiples unidades de un mismo artículo y al otorgar más independencia a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Además, se financiará un sistema unificado de gestión y facturación sin costo para respaldar la expansión de los pequeños empresarios locales.
También incluye apartados dedicados a la protección en el ámbito de la salud. Busca una evaluación constante de procesos y gestiones para garantizar que cada exigencia, paso y procedimiento aporte un valor genuino al fin perseguido. El texto del proyecto subraya que una regulación eficaz no es aquella que multiplica los pasos, sino la que consigue resultados superiores.
Esta iniciativa legislativa iniciará su discusión en el Senado, antes de ser remitida a la Cámara de Representantes para su consideración.
El senador Sergio Botana, del Partido Nacional, expresó que, si bien la ley de competitividad posee buenas intenciones, su aplicación práctica requerirá un estudio minucioso. Botana calificó el proyecto como «una ley bien orientada», añadiendo que «es positivo desburocratizar, incentivar la exportación y la competencia, y reducir el costo de vida. Este es el camino a seguir; esperamos que el gobierno avance en esa dirección». No obstante, el legislador señaló la desburocratización del Estado como un reto, y consideró que la exigencia de la guía de carga para las explotaciones agrícolas representa una inconsistencia.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo manifestó que el objetivo de esta ley es potenciar la competitividad, simplificar procesos, facilitar tanto las exportaciones como las importaciones y, simultáneamente, reducir los gastos. «Ahora le corresponde al Parlamento el proceso de debate, discusión y, en lo que sea factible, mejorar siempre los contenidos», declaró. En su opinión, la propuesta contribuye a mitigar el problema de la burocracia.
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