La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) ha manifestado su inquietud ante una reciente serie de paralizaciones en el Puerto de Montevideo, atribuyendo las afectaciones tanto al gremio como a la empresa operadora. La entidad propone cuantificar los perjuicios sufridos, establecer responsabilidades y estudiar la posibilidad de iniciar procedimientos legales.

Esta postura de la CIPU coincide con la expresada por organizaciones agropecuarias nucleadas en Campo Unido, quienes instaron al Poder Ejecutivo a implementar las acciones necesarias para garantizar la normalidad operativa en el puerto, incluyendo la potencial declaración de esencialidad de los servicios.

Mediante un comunicado difundido en la red social X, la cámara señaló que “resulta inaceptable que cada nueva demanda sea precedida por acciones que detienen la actividad portuaria, sin considerar las consecuencias para miles de empresas y trabajadores ajenos al conflicto”. Esta referencia alude al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA).

No obstante, los cuestionamientos de las empresas de esta cámara no se limitan al sindicato. También critican “la actitud pasiva de Terminal Cuenca del Plata (TCP), una empresa a la cual el Estado ha encomendado la prestación de un servicio público de vital importancia para la economía nacional. TCP no puede limitarse a comunicar la interrupción de la operativa, afirmar que busca una solución y luego transferir todos los costos a sus clientes”.

Frente a este escenario, la Cámara de Industrias Pesqueras considera que este último episodio exige ir más allá de las advertencias, hacia la determinación de responsabilidades concretas. En consecuencia, ha comenzado a compilar y cuantificar las pruebas de los daños sufridos por las empresas del sector pesquero y ha iniciado consultas jurídicas para definir las acciones correspondientes. Específicamente, propone evaluar la realización de intimaciones y acciones judiciales coordinadas tanto contra la operadora portuaria como contra aquellos que resulten responsables de los daños ocasionados.

Finalmente, si bien reconoce que el diálogo es indispensable, la CIPU advierte que este “no debe transformarse en una sucesión interminable de negociaciones, nuevas exigencias y paralizaciones cuyos costos siempre recaen sobre terceros”. La continuidad de la operatividad del puerto de Montevideo debe ser entendida como una cuestión de interés nacional.

El comunicado completo de la CIPU reiteró su honda preocupación por la reciente interrupción de tres días en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la principal terminal de contenedores de Montevideo. Este suceso se produjo cuando un conflicto que se había extendido por gran parte del año parecía cerca de resolverse. No obstante, el sindicato presentó una nueva plataforma de reclamos, esta vez centrada en la reducción de la jornada laboral, y llevó a cabo un paro de tres días antes de una asamblea para definir futuros pasos, sin descartar medidas adicionales.

La CIPU respeta el derecho a la negociación colectiva y la legitimidad de las discusiones sobre condiciones laborales. Sin embargo, considera inaceptable que cada nueva demanda venga acompañada de paralizaciones en la actividad portuaria, desatendiendo las repercusiones sobre miles de empresas y empleados ajenos al conflicto.

Igualmente, critica la actitud pasiva de TCP, una compañía a la que el Estado ha encomendado un servicio público crucial para la economía. La empresa, según la cámara, no puede limitarse a informar la suspensión de operaciones, asegurar que busca soluciones y luego endosar la totalidad de los gastos a sus clientes.

Mientras otras destacadas organizaciones empresariales han solicitado medidas para asegurar la continuidad de los servicios portuarios, la CIPU se suma a estos reclamos. La cámara sostiene que “este nuevo episodio impone la necesidad de avanzar de las simples advertencias a la identificación de responsabilidades concretas, ya que las empresas usuarias, aunque no participen ni puedan solucionar el conflicto, terminan absorbiendo todos sus perjuicios”.

En línea con lo anterior, la cámara ha iniciado la recolección y cuantificación de pruebas sobre los perjuicios experimentados por las firmas pesqueras, y ha comenzado asesoramiento jurídico sobre las acciones legales pertinentes. El sector pesquero, según la CIPU, conoce por experiencia reciente los desafíos de un conflicto prolongado generado por una dirigencia sindical radicalizada e intransigente. En 2025, el sector sufrió casi tres meses de paralización, con graves repercusiones para miles de trabajadores y sus familias. Sin embargo, no se conformaron con gestionar el conflicto indefinidamente, sino que impulsaron una vía alternativa que restableció la continuidad operativa y el empleo.

Esta vivencia los lleva a exigir con mayor firmeza que TCP y las autoridades asuman su rol en la construcción de alternativas que protejan el trabajo, la producción y los derechos de terceros.

Para la industria pesquera, que exporta alrededor del 95% de su producción, el funcionamiento regular del puerto es vital. Las interrupciones impactan en las cargas refrigeradas, elevan los costos de enfriamiento, obligan a reorganizar transportes y embarques, comprometen acuerdos comerciales y merman la confianza en Uruguay como proveedor fiable y predecible de alimentos y otros productos.

El daño no se limita a las exportaciones. Las paralizaciones retrasan y encarecen la entrada de fármacos, equipos e insumos médicos, repuestos y componentes cruciales para el mantenimiento de la producción y otras actividades económicas. Las empresas usuarias, sin ser parte ni poder resolver el conflicto, asumen la totalidad de los perjuicios.

Existe una responsabilidad por parte del sindicato al adoptar medidas desproporcionadas; una responsabilidad de TCP por no asegurar la continuidad del servicio ni responder por sus consecuencias; y una responsabilidad de las autoridades por no haber logrado generar condiciones de negociación que impidan que la operatividad portuaria sea usada constantemente como herramienta de presión.

La CIPU ha comenzado a recopilar y cuantificar los daños sufridos por las empresas pesqueras y ha iniciado gestiones jurídicas para determinar las acciones correspondientes. La Cámara convoca a las organizaciones empresariales y empresas afectadas a establecer un registro común de daños; promover una evaluación técnica e independiente de su impacto en la producción, el empleo, las exportaciones, las importaciones y la generación de divisas; exigir a TCP un protocolo eficaz de continuidad operativa; y demandar a la Administración Nacional de Puertos y al Poder Ejecutivo que definan responsabilidades y aseguren el funcionamiento de la terminal.

Asimismo, la CIPU propone sopesar intimaciones y acciones judiciales coordinadas contra la operadora y contra quienes finalmente resulten responsables de los daños ocasionados. El diálogo sigue siendo esencial, pero no puede volverse una cadena indefinida de negociaciones, nuevas demandas y paralizaciones cuyos costos recaen siempre sobre terceros. La continuidad del puerto de Montevideo debe ser considerada un asunto de interés nacional, fundamental para todo el país.

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