En su columna «La Tribuna del Agro» para El Observador, publicada el 14 de octubre de 2026, Luis Romero Álvarez inició su análisis afirmando que «los empresarios de este país son sobrevivientes cuyo premio mayor en general es conseguir mantenerse en pie». El autor criticó enfáticamente la idea de que los funcionarios gubernamentales les exijan que «pueden y deben rendir más». Esta postura surge como respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien había instado al sector empresarial a «mover la aguja» para potenciar el crecimiento nacional. Romero Álvarez consideró tales comentarios como «desafortunados» y potencialmente irrespetuosos, sugiriendo que la comunicación ideal del gobierno hacia los empresarios debería ser, en cambio, de «¡Gracias y disculpas!».
El autor fundamenta este agradecimiento detallando los constantes desafíos que enfrentan los empresarios: por mantener sus operaciones abiertas, asegurando así los puestos de trabajo y el pago de salarios; por soportar una alta carga impositiva y costosas tarifas energéticas; por verse obligados a recurrir a créditos a corto plazo y de elevado interés para sostener sus actividades; por navegar una burocracia asfixiante; y por operar en un entorno general que es caro tanto para vivir como para producir e invertir.
Las disculpas, por su parte, se justifican por la percibida ineficacia del gobierno en fomentar la competitividad productiva, y, por el contrario, por los obstáculos que impone. Estos incluyen un bajo nivel educativo de la mano de obra, la agresividad de ciertos sindicatos, y los millonarios despilfarros de fondos estatales que se acumulan anualmente, entre otras problemáticas persistentes.
Romero Álvarez enfatiza que esta realidad es transversal a todo el espectro empresarial, abarcando desde productores lácteos e industriales hasta comerciantes y proveedores de servicios. Todos ellos comparten la condición de «sobrevivientes» cuya máxima aspiración es la mera subsistencia. A diferencia de las generaciones anteriores, como la de los abuelos, que lograban avances sustanciales con su esfuerzo, la actual generación de empresarios ha dedicado décadas a trabajar con diligencia, enfrentando el dilema de salarios crecientes en un contexto de productividad laboral decreciente, y un aumento de impuestos mientras la calidad de servicios públicos esenciales como la seguridad y la educación se deteriora. El columnista predice que, al hacer balance, muchos de estos empresarios podrían terminar con un patrimonio inferior al que heredaron de sus padres, haciendo aún más inoportuna la exigencia de «rendir más» desde las esferas oficiales.
El articulista califica la postura gubernamental como un claro ejemplo de «mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio». Trae a colación la observación de Danilo Astori, quien en su momento estimó un exceso de 70.000 empleados públicos cuando la cifra total era inferior a los 300.000. Ahora, con cerca de 320.000 funcionarios estatales, Romero Álvarez cuestiona si ya no existe ningún excedente, sugiriendo al ministro de Economía que revise esta aparente inconsistencia. Argumenta que la combinación de un gasto público en aumento, una deuda pública creciente, impuestos al alza y un déficit fiscal que se expande (con promesas de mejora convenientemente cercanas a un año electoral) crea un ambiente adverso para la inversión. Nadie desea involucrarse en un sistema que genera un país costoso, donde las empresas luchan por obtener ganancias a pesar de asumir riesgos considerables y en aumento. Este conjunto de factores, sentencia, disuade la inversión y, consecuentemente, inhibe el crecimiento económico de forma directa.
Además, el autor sugiere que si el ministro de Economía busca responsables en el ámbito privado, debería dirigir su atención hacia el accionar de los sindicatos. Menciona ejemplos como Conaprole, el sector pesquero y el portuario, donde las prácticas sindicales se han transformado en una traba adicional para la concreción de inversiones, que son indispensables para el crecimiento. No obstante, destaca con un matiz irónico, no se pronuncia «ni una palabra» de crítica hacia estas organizaciones.
Ahondando en la teoría económica, Romero Álvarez recuerda que, tradicionalmente, se consideraban tres factores de producción: tiempo, trabajo y capital. Sin embargo, recalca que con el tiempo se reconoció la crucial ausencia del elemento más escaso y decisivo: la capacidad empresarial. Esta habilidad es un recurso valioso y limitado en todas las sociedades. Sin individuos capaces de combinar los demás recursos, asumiendo riesgos y gestionando el proceso, una nación podría disponer de abundante tierra, mano de obra y capital, pero aun así no generar producción alguna. El empresario, explica, es quien invierte con la legítima aspiración de obtener ganancias, un propósito que no considera censurable.
El columnista advierte sobre las repercusiones negativas de desvalorizar al empresario y permitir que el Estado amplíe su intervención, ocupando progresivamente más áreas, incrementando el gasto, y aumentando el control, la regulación y las trabas al sector privado. Este camino, asegura, conduce ineludiblemente al fracaso social. Esta tesis, sostiene, se verifica tanto a través del análisis teórico de los incentivos económicos como por la evidencia empírica observada en diversas naciones a lo largo de la historia: la continua expansión del aparato estatal tiende a ralentizar la economía. En última instancia, esta dinámica perjudica principalmente a los segmentos más vulnerables de la población, mientras que favorece a los empleados públicos, quienes gozan de estabilidad laboral y remuneraciones superiores a las del sector privado, una situación que, no obstante, es insostenible a largo plazo para la nación.
En vista de todos los argumentos expuestos, Luis Romero Álvarez concluye reiterando su mensaje fundamental a los empresarios, a quienes califica de «sacrificados»: ¡Gracias y disculpas!
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